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Por segunda vez el juez revoca una medida adoptada por la jueza de Parral en la causa por asociación ilícita iniciada por el CDE

Ministro Zepeda pone fin a intervención en ex Colonia Dignidad

Sólo 20 días alcanzó a estar a cargo el administrador Chadwick. Aun se debe esperar, sin embargo, la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, ante la que recurrirá el gobierno para revertir la decisión del juez.

Fecha edición: 15-09-2005

Foto Portada

El ministro en visita Jorge Zepeda puso fin ayer a la intervención de los bienes de la ex Colonia Dignidad. Esta había sido decretada hace 23 días por la jueza de Parral Jimena Pérez Pinto, tras una petición del Consejo de Defensa del Estado. Para ello había sido nombrado el administrador Herman Chadwick, quien en los próximos días realizará el traspaso, según dijo, tras ser notificado.

La decisión del ministro Zepeda causó sorpresa y molestia en el Consejo de Defensa del Estado.

El Ejecutivo, a través de su vocero, Osvaldo Puccio, anunció que "el gobierno va a impugnar la medida". Agregó que hay una voluntad política y moral del Ejecutivo "de enfrentar una situación que es inaceptable en un país soberano y proteger a los ciudadanos de un enclave de la naturaleza de la Colonia Dignidad".

El Ministerio del Interior, querellante en la causa, analiza los pasos judiciales a dar. En el Ejecutivo existe la convicción de que en la causa hay antecedentes que permiten acreditar la existencia de una asociación ilícita, por lo cual es importante mantener medidas cautelares. Asimismo, se considera que la intervención tenía efectos positivos en la vida de quienes habitan en el enclave.

El CDE estudiará hoy, en su comité penal, las acciones a seguir. Su presidenta, Clara Szczaranski, dijo ser partidaria de hacer valer "todos los recursos" judiciales. La autoridad calificó la salida de Chadwick como "un retroceso inexplicable de los avances obtenidos para restablecer el estado de derecho" en la ex Colonia Dignidad.

Los motivos de Zepeda

El cese de la intervención era el desenlace esperado en tribunales. El viernes el juez ya había revocado los procesamientos por asociación ilícita contra ex jerarcas, dictados por la jueza Pérez el día antes que la Corte Suprema la sacara de la causa. Dicha revocatoria estaba fundada en argumentos de forma -que no se tuvo a la vista el expediente y las compulsas (fotocopias) no eran legales-, pero también se supo del convencimiento del ministro de que en el expediente de la jueza Pérez no existían elementos para el procesamiento. Y las sospechas de la existencia de una asociación ilícita era base para la intervención.

El ministro concluyó que la designación de Chadwick era técnicamente errónea, pues las sociedades que pasó a administrar (Abratec, Agripalma, Bardana, Cinoglosa y Agrícola Rarinco) estaban conformadas no sólo por los ex jerarcas contra los cuales se dirigió la querella por asociación ilícita. En ellas hay personas que no figuraban en proceso alguno y, de acuerdo al estudio de jurisprudencia que hizo el juez, no correspondía decretar medidas cautelares que las involucraran. Además, estimó que del análisis de los expedientes no surgían antecedentes para presumir que el origen del patrimonio de dichas sociedades haya estado en fondos ilícitos. Más bien, ellos venían del aporte que hicieron los socios al llegar a Chile y a través de escrituras públicas.

El ministro mantuvo medidas cautelares de embargo sobre las acciones que poseen en las distintas sociedades los querellados Karl Van Den Berg, Johann Spatz, Peter Schmidt, Rebeca Schafer, Erick Fege y Hans Riesland. Zepeda subrayó que "mantener decisiones erróneas no ayuda en nada a las víctimas. Sí estoy interesado en aclarar todo, incluido si hay asociación ilícita, establecer si hay partícipes en ellos, establecer si hay fondos ocultos y si hay bienes. Y eso se va a hacer".

Fuentes judiciales apuntan a que el juez intentará ahora ordenar el caos que, considera, se inició con la intervención, para dar tranquilidad a los colonos que tienen conocimiento de los ilícitos ocurridos al interior de la ex Colonia, con el fin de que continúen colaborando.

Zepeda cuenta con un fuerte respaldo de la Corte Suprema a su gestión. Hace pocas semanas el propio presidente del máximo tribunal, Marcos Libedinsky, elogió públicamente los logros que ha obtenido en la investigación del enclave.

En tanto, para este jueves está prevista una reunión en la Intendencia de Talca, con el fin de que diversos servicios públicos diseñen una estrategia para que los colonos se integren progresivamente a la sociedad.

Colonos divididos por decisión del magistrado

Reacciones encontradas generó entre los colonos el anuncio del ministro Jorge Zepeda de poner fin a la intervención de bienes. Los representantes legales del enclave y de los ex jerarcas que han colaborado en la indagación recibieron con satisfacción la noticia. "Estamos muy satisfechos del restablecimiento del derecho en esta parte, pues lo obrado por la señora magistrada era abiertamente ilegal", dijo el abogado Gonzalo Ruiz. Otros habitantes, entre ellos el ex vocero Hernán Escobar -uno de los administrativos de Cerro Florido- no ocultaron su decepción, debido a las expectativas que les había generado la llegada del síndico Herman Chadwick, quien les dijo que regularizaría los sueldos a los colonos. "Se echó a perder un programa de transparentación de las empresas, que las generaciones más jóvenes compartíamos".

Trascendió que Chadwick visitaría hoy el enclave, pues el segundo grupo de colonos evalúa pedirle una asesoría externa.